Se estancan negociaciones del TPS y más de 250,000 personas están en riesgo de deportación. El tiempo se termina ante una demanda en contra del status para Hondureños, Salvadoreños, nicaragüenses, Haitianos y Nepalíes.
Los gobiernos de Centroamérica, incluyendo Honduras, no han sido capaces de revertir esta amenaza que significaría la pérdida de derechos para los más de 40 mil hondureños que están bajo este régimen. Organizaciones civiles en Estados Unidos, preparan manifestaciones frente a la Casa Blanca a partir del lunes.
Después de 16 meses de negociaciones, las conversaciones de conciliación entre la administración de Biden y los demandantes en Ramos v. Mayorkas colapsaron oficialmente, dejando a más de 260,000 personas en riesgo de deportación. Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus hijos ciudadanos estadounidenses presentaron la demanda por primera vez en 2018 después de que Trump revocara las protecciones para las personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras. Aunque desde entonces la administración Biden ha redesignado el estatus de Haití y Sudán, la administración no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países.
“Cientos de miles de personas han tenido protección humanitaria en los Estados Unidos durante más de dos décadas. Que corran el riesgo de ser arrancados de sus comunidades y familias es cruel e injusto”, dijo Emi MacLean, abogada sénior de la Fundación ACLU del Norte de California, que representa a los demandantes. “El presidente Biden debe actuar de inmediato para deshacer las terminaciones racistas de TPS de Trump y garantizar la protección de los titulares de TPS. Los titulares de TPS y sus familias no deberían estar en el limbo ni un día más”.
A través de Ramos v. Mayorkas, los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones eran ilegales y motivadas por intenciones racistas. Sin embargo, en septiembre de 2020, un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocó la orden del tribunal inferior. Esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el Noveno Circuito en pleno sigue pendiente.
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