La detención de Lilian Borjas, defensora campesina y figura prominente en la lucha por los derechos de la tierra en Honduras, ha encendido alarmas entre organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Borjas, quien ya fue absuelta en 2013 de cargos similares, fue detenida nuevamente el pasado martes en un control policial en Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, en un caso que resalta preocupantes defectos en el sistema judicial hondureño.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha criticado duramente la "incompetencia" del sistema judicial, señalando la falta de actualización en sus registros, lo que ha permitido la repetición de acusaciones contra individuos ya absueltos. Esto, según la red, representa una forma de revictimización y estigmatización continua hacia los defensores de la tierra.
Lilian Borjas fue liberada varias horas después de su detención, pero el incidente ha despertado temores de una sistemática persecución judicial. Pedro Mejía, abogado de Borjas, indicó que, a pesar de contar con una sentencia absolutoria firme, se solicitó la imposición de medidas cautelares y una revisión del juicio, reflejando una grave ambigüedad en el proceso judicial.
Organizaciones como Peace Brigades International y el Centro de Estudios para la Democracia han expresado su preocupación y condena frente a estos hechos, sumándose al clamor por una reforma judicial que proteja realmente a los activistas en riesgo.
El caso de Borjas no es aislado; se inscribe dentro de un contexto de violencia y criminalización que ha convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, según reportes de la OACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este nuevo incidente plantea serias preguntas sobre la integridad y eficiencia del sistema judicial hondureño, así como sobre el compromiso del estado con los derechos humanos fundamentales. Con la atención de la comunidad internacional cada vez más centrada en Honduras, queda por ver cómo responderán las autoridades locales para rectificar estas fallas y asegurar la protección de aquellos que luchan por la justicia y la igualdad en este país centroamericano.
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