La reciente visita de altos funcionarios de defensa hondureños a Venezuela ha generado una tormenta política y diplomática en Honduras, luego de que la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresara públicamente su preocupación.
El ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, se reunieron con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, sancionado por el gobierno estadounidense por sus vínculos con actividades de narcotráfico.
La embajadora Dogu declaró a la prensa: "Estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela. Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela". Las imágenes de los ministros hondureños junto a Padrino López, tomadas durante los Juegos Mundiales de Cadetes del Consejo Internacional de Deportes Militares (CISM), han sido ampliamente divulgadas por la prensa local, provocando una reacción negativa tanto en Honduras como en la comunidad internacional.
Ante estas declaraciones, el canciller de Honduras, Enrique Reina, rechazó las acusaciones de Dogu, calificándolas de injerencia inaceptable. "Insinuar o implicar que nuestras autoridades son narcotraficantes es realmente una amenaza directa a nuestra independencia y soberanía", manifestó Reina, defendiendo la participación de los ministros hondureños en el evento deportivo y condenando lo que consideró un ataque infundado a la integridad del gobierno hondureño.
En medio del creciente escándalo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha tomado una decisión radical: ha ordenado a la Cancillería denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, firmado en 2012. Esta movida ha sido interpretada por algunos analistas como una represalia directa a las críticas de la embajadora Dogu y un intento de reafirmar la soberanía del país frente a lo que perciben como presiones externas.
La medida de Castro ha sido duramente criticada por figuras políticas locales como el precandidato presidencial Jorge Cálix, quien acusó al gobierno de proteger a los narcotraficantes. "Ahorita los narcos brincan de alegría porque ya tienen un gobierno que los defienda", afirmó Cálix, poniendo en duda el compromiso del gobierno de Castro en la lucha contra el crimen organizado.
Por su parte, el precandidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, agradeció a la embajadora Dogu por "alzar la voz con valentía" y denunciar la corrupción en Honduras, afirmando que el país "no aguanta más corrupción y vínculos de las autoridades con el narcotráfico". Nasralla también destacó la importancia de mantener una relación sólida con Estados Unidos, país que alberga a más de dos millones de hondureños y es un socio económico clave para Honduras.
Con el futuro del tratado de extradición en el aire y las tensiones diplomáticas en aumento, el gobierno de Honduras enfrenta una nueva crisis política que podría tener repercusiones significativas en su relación con Estados Unidos y en su política interna.
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