El terremoto judicial que sacude a Honduras ha cobrado una nueva víctima: la impunidad. Con 36 nombres prominentes en la lista, entre ellos expresidentes y altos funcionarios, la Fiscalía General se prepara para una investigación que podría cambiar el panorama político y judicial del país. ¿Es este el principio del fin para la élite intocable de Honduras?
La decisión de la Fiscalía General de Honduras de citar a declarar a 36 personas mencionadas en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández ha desatado un torbellino político en el país. Entre los convocados se encuentran figuras de peso como los expresidentes Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, además de políticos y exfuncionarios vinculados al caso de narcotráfico que sentenció a Hernández a 45 años de prisión.
El fiscal general Johel Zelaya fue tajante en su rueda de prensa al declarar que estas investigaciones no tendrán restricciones, y dejó entrever la posibilidad de futuras extradiciones a Estados Unidos.
“Si tenemos indicios suficientes, no dudaremos en actuar, aunque eso signifique enfrentar una extradición”, afirmó con firmeza.
El anuncio ha generado un fuerte revuelo en los círculos políticos y sociales de Honduras, poniendo en el centro de la tormenta a personajes que hasta ahora parecían estar por encima de la ley. La sombra del narcotráfico, que ya manchó la reputación del expresidente Hernández y de su hermano Tony Hernández, ahora se extiende sobre otros políticos y exfuncionarios, incluyendo al hijo del expresidente Lobo, Fabio Porfirio Lobo.
Las implicaciones de estas citaciones van más allá de lo judicial. Con expresidentes como Zelaya y Lobo en la lista, muchos se preguntan si estas investigaciones lograrán romper el ciclo de impunidad que ha caracterizado la política hondureña durante décadas.
El expresidente Manuel Zelaya no tardó en pronunciarse tras conocer su citación, manifestando en la red social X su disposición a colaborar con la justicia y su deseo de que la investigación sea "imparcial y en búsqueda de la verdad". No obstante, su tono también reflejaba una advertencia: "Que se condene a los culpables por asesinatos, saqueo y narcotráfico", exigió, aludiendo a las demandas populares que han sacudido al país desde el golpe de Estado de 2009.
Esta movida de la Fiscalía es vista por muchos como una prueba de fuego para el sistema judicial de Honduras. ¿Se trata de un verdadero esfuerzo por limpiar la política del país, o simplemente es una jugada más en el complejo tablero de poder? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es clara: la tensión está en su punto más alto, y la ciudadanía observa de cerca.
Mientras el país espera el desenlace, queda por ver si estas citaciones se traducirán en acciones concretas o si, como en otras ocasiones, las aguas turbulentas se calmarán sin consecuencias reales para los involucrados. Lo cierto es que, por ahora, la impunidad parece haber encontrado un nuevo adversario en la Fiscalía de Honduras.
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