CIUDAD DE PANAMÁ — La Corte Suprema de Panamá declaró el martes por unanimidad inconstitucional una concesión de 20 años para una mina de cobre canadiense que había provocado semanas de protestas de ambientalistas y otros que argumentaron que dañaría una zona costera boscosa y amenazaría los suministros de agua.
El anuncio del tribunal de nueve jueces, después de cuatro días de deliberaciones, desató vítores entre los manifestantes que esperaban afuera y ondeaban banderas panameñas.
“Esto es lo que estábamos esperando”, dijo la manifestante Raisa Banfield después de lo que llamó una espera agonizante. "El presidente tiene que suspender las operaciones (minas) hoy".
La disputa por la mina a cielo abierto provocó algunas de las protestas más generalizadas en Panamá en los últimos años, incluido el bloqueo de la central eléctrica de la mina. Los manifestantes también bloquearon partes de la carretera Panamericana, incluido un tramo cerca de la frontera con Costa Rica. Justo antes de que se anunciara el fallo, abrieron la carretera para que pudieran pasar los camiones de carga.
Minera Panamá dijo en un comunicado a principios de este mes que pequeñas embarcaciones habían bloqueado su puerto en la provincia de Colón, impidiendo que los suministros llegaran a la mina. La Policía Naval informó que un barco que transportaba carbón decidió dar marcha atrás debido a la “hostilidad de un grupo de manifestantes que desde sus embarcaciones arrojaron piedras y objetos contundentes de fabricación casera” antes de ser dispersado.
Los manifestantes, una amplia coalición de panameños, temían el impacto de la mina en la naturaleza y especialmente en el suministro de agua.
La mina emplea a miles de personas y representa el 3% del producto interno bruto de Panamá.
En marzo, la legislatura de Panamá llegó a un acuerdo con First Quantum que permite a Minera Panamá continuar operando la enorme mina de cobre en el centro de Panamá durante al menos 20 años más. La mina se cerró temporalmente el año pasado cuando fracasaron las conversaciones entre el gobierno y First Quantum sobre los pagos que quería el gobierno.
El contrato, aprobado definitivamente el 20 de octubre, permitió a la filial continuar operando la mina en una selva biodiversa en la costa atlántica al oeste de la capital durante los próximos 20 años, con la posibilidad de extenderse por 20 años más si la mina permanece productivo.
Desde que comenzaron las protestas, el gobierno estuvo a punto de aprobar una legislación que habría revocado el contrato, pero dio marcha atrás en un debate en la Asamblea Nacional el 2 de noviembre.
La última esperanza de los manifestantes era que los tribunales de Panamá declararan inconstitucional el contrato.
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