La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha llevado ante la Fiscalía una denuncia sobre el reactivado contrato de energía con la planta Brassavola en Villanueva, cuyo costo de generación supera significativamente los precios actuales del mercado.
Según la ASJ, el contrato original con Comercialización de Energía Hondureña S.A (CEHSA), firmado en 2008 para ser implementado en Balfate, Trujillo, fue suspendido en 2014. La generación estaba prevista en 150 megawatts. No obstante, la administración actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha trasladado este proyecto a Villanueva con una capacidad aumentada a más de 200 megawatts, inicialmente utilizando diésel como fuente primaria.
El diésel, siendo una de las fuentes más caras para la generación de electricidad en Honduras, elevará el costo del kilovatio a 0.32 dólares, un precio que dobla los actuales 0.15 dólares por kilovatio generado con bunker, según Kevin Rodríguez, investigador de la ASJ.
En una reciente aparición en el programa de televisión Frente a Frente, ejecutivos de la ASJ destacaron que el contrato de Energía Brassavola carece además de una licencia ambiental actualizada, lo cual pone en duda la viabilidad y legalidad del contrato. Durante el mismo programa, el gerente interino de la ENEE y ministro de Energía, Erick Tejada, reconoció que aunque la planta ha comenzado a generar energía, su contrato aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional.
El ministro Tejada también confirmó la renegociación de 32 contratos de energía según la nueva ley de energía aprobada en 2022, enviando 18 de estos a la Casa Presidencial para revisión antes de su aprobación por el Congreso.
Por otra parte, la ASJ ha desenterrado prácticas cuestionables a través de un análisis de contratos de energía y solicitudes de información. En los tiempos del expresidente José Manuel Zelaya, se emitieron contratos directos en una emergencia declarada en el subsector eléctrico, incluyendo uno otorgado a CECHSA para 150 MW a base de carbón. El Tribunal Superior de Cuentas había advertido sobre las inadecuaciones y sobreprecios de estos contratos, lo que no impidió su aprobación por el Congreso.
Estas revelaciones plantean serias preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de contratos energéticos en el país, afectando tanto la estabilidad financiera como el bienestar ambiental de la nación. La renovación del proyecto bajo el nuevo nombre de Brassavola, y las modificaciones a su tecnología, ubicación y duración del contrato, son especialmente alarmantes, indicando un posible regreso a prácticas poco transparentes y potencialmente corruptas en el sector de energía electrica de Honduras.
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