Hace dos años, la llegada de la presidenta Xiomara Castro prometía proteger los parques nacionales y detener la minería a cielo abierto. Hoy, en lugar de progreso, enfrentan terror, acoso y demandan justicia por los asesinatos de sus seres queridos. Estos valientes luchaban por proteger los ríos locales, la esencia misma de su supervivencia. Esta es su desgarradora historia.
"Con agua, hay vida. Sin ella, morimos", dice el activista ambiental Reynaldo Domínguez
La frase, que ha repetido como un mantra durante años, resume una larga lucha que su comunidad ha estado liderando para salvar los ríos Guapinol y San Pedro, que proveen agua a cientos de personas en la región del Bajo Aguán en el norte de Honduras.
Miembros de la comunidad dicen que una mina de hierro establecida en el área en 2018 está teniendo un impacto negativo en ambos ríos y afectando la agricultura y la pesca de las que dependen. Desde entonces, han denunciado sufrir acoso y ataques por parte de las autoridades hondureñas y la empresa que dirige el proyecto minero.
"Las cosas han estado empeorando cada vez más", dice Juana Zúñiga, defensora ambiental y líder del Consejo Comunitario Guapinol. "Hay mucho miedo en la comunidad. La gente tiene miedo de caminar por las calles después de todos los ataques que hemos sufrido, pero sabemos que tenemos que ser fuertes y continuar, no hay otra opción."
La historia de la comunidad de Guapinol y su lucha se remonta a 2012, cuando el Congreso hondureño declaró el área donde ambos ríos se encontraban, en la Montaña Botaderos, un Parque Nacional. La idea era que el parque - que en 2016 fue nombrado Carlos Escaleras Mejía en honor a un agricultor que dedicó su vida a defender la tierra y el agua local - estuviera protegido de los efectos de las industrias pesadas, incluida la minería. Las autoridades designaron áreas que debían estar libres de actividades que impactaran el medio ambiente y "zonas de amortiguamiento" donde la minería solo podía llevarse a cabo después de una serie de evaluaciones, incluida una evaluación de impacto ambiental.
Las disposiciones, que lucían bien en papel, no duraron. Un año después de que el área fuera declarada protegida, el Congreso decidió disminuir la zona núcleo del área protegida. Esto abrió la puerta para que el Instituto Nacional de Geología y Minerales de Honduras otorgara permisos para la explotación minera en esta área. En 2014, se otorgó una primera concesión a una empresa minera.
Las comunidades locales dicen que no fueron informadas ni consultadas adecuadamente sobre la concesión y los impactos que tendría en sus vidas.
"La empresa dice que no hay contaminación en el río, pero los exámenes que organizamos con expertos independientes muestran que sí la hay. Es muy preocupante. Nos está forzando a desplazar comunidades enteras que no pueden beber de ese agua", dice Reynaldo.
Juana Zúñiga, a quien todos llaman Monchi, dice que la pesca en el río ha sido afectada. "Es muy preocupante y nos entristece increíblemente. Nunca habíamos visto algo así."
Viendo amenazado su hogar, los miembros de la comunidad se organizaron rápidamente. En 2015, formaron el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa y, en 2018, el Consejo Comunitario Guapinol. Comenzaron a solicitar información y presentar quejas ante el Congreso, los tribunales locales y las agencias gubernamentales, que en su mayoría fueron desestimadas o ignoradas.
Después de sentir que nadie los escuchaba, la comunidad lideró una serie de acciones, incluido un campamento de protesta. Con el tiempo, se enfrentaron a una represión cada vez más brutal. El 27 de octubre de 2019, las fuerzas de seguridad desalojaron violentamente el campamento, según diversos informes.
El Ministerio Público solicitó una orden de arresto contra 31 miembros de la comunidad de Guapinol en 2019. Fueron acusados de privación de libertad e incendio agravado presuntamente cometidos contra la empresa minera y uno de sus contratistas. El Ministerio Público también acusó a los defensores de crimen organizado, pero las pruebas eran débiles y un Tribunal Nacional finalmente lo desestimó el mismo año. Ocho de los líderes comunitarios pasaron más de dos años en prisión. Reynaldo fue uno de ellos. Amnistía Internacional los declaró "presos de conciencia", diciendo que no había pruebas para justificar los cargos criminales y que habían sido procesados únicamente por ejercer sus derechos humanos. Fueron liberados en febrero de 2022.
Esto debería haber sido una buena noticia, pero las cosas solo empeoraron.
Defender los recursos naturales en Honduras no es una tarea fácil. El país es uno de los más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente que trabajan para proteger la tierra y otros recursos naturales, según cifras de Global Witness. En 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 11 asesinatos de defensores de derechos humanos en Honduras, seis de los cuales luchaban por proteger los derechos a la tierra y al medio ambiente. Estas cifras aumentaron drásticamente el año pasado, con ocho defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente asesinados hasta mayo de 2023.
La región del Bajo Aguán, donde las comunidades de Tocoa están luchando por proteger sus recursos hídricos, ha enfrentado un conflicto histórico relacionado con la tenencia de tierras, con más de 160 miembros de la comunidad asesinados allí desde
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